El Gobierno del Estado de México contempla para el siguiente año, mil 199.5 millones de pesos para combatir de manera eficaz la corrupción, a través de los programas presupuestarios Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público y Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, mediante el cual los entes públicos deberán realizar acciones para detectar, investigar, resolver y, en su caso, sancionar hechos de corrupción.
Este programa incluye el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y los Sistemas Municipales Anticorrupción para diseñar, promocionar y evaluar políticas públicas y programas de combate a la corrupción y será complementado con la ejecución de los programas presupuestarios sustantivos que las instituciones integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción realicen en el marco de sus atribuciones.
El presupuesto de Egresos del gobierno estatal contempla un crecimiento de 6 por ciento de recursos destinados a esta tarea. En este 2022 fueron mil 131.5 millones de pesos y en años anteriores no estaba definido de manera específica.
Llevan 7 mil 550 auditorías
En tanto, la Secretaría de la Contraloría informó que en esta administración estatal, de septiembre de 2017 a noviembre de este año llevaron a cabo 7 mil 558 auditorías, de las cuales mil 854 fueron a recursos federales y 5 mil 704 a recursos de carácter estatal, sólo falta sumar el trabajo realizado en enero y lo que programen durante los primeros ocho meses del siguiente año, para cerrar la gestión estatal con más de 8 mil revisiones.
Esto dependerá de la programación anual que hagan el siguiente año, por cada dependencia y organismos, así como por el método de administración de riesgos, donde se evalúan elementos como el combate a la corrupción, recurrencia de observaciones, impacto social, importe de los programas, número de quejas presentadas en trámites y servicios.
Las revisiones son a través de la participación de comisarios en los órganos de gobierno, contralores internos y contadores públicos independientes para contribuir al control y vigilancia de las actividades de las dependencias y organismos auxiliares de la administración estatal.
Sanciones
Derivado de esto imponen sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad; en los casos que se incurre en una acción grave, los casos se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa y cuando se involucra a particulares, ya sea personas físicas o jurídicas colectivas.
La otra vía como se combate la corrupción es a partir de las denuncias que presente cualquier persona y dentro de esta administración van mil 426 señalamientos por solicitud de dádivas. 279 por conflicto de intereses, entre otras que han derivado en mil 491 sanciones, de los cuales 18 fueron personas de mandos superiores, 174 de mandos medios y mil 106 de operativos.
Los casos menos graves fueron castigados con un llamado de atención, lo cual ocurrió en mil 230 hechos; en tanto, en 42 se suspendió al servidor público, en seis se les destituyó y en 213 casos más fueron inhabilitados.
Con información de Milenio
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