En materia de gobernabilidad, la administración que encabezará Salomón Jara Cruz tiene el enorme reto de construir una nueva relación institucional con los movimientos sociales de la entidad, para fortalecer la interlocución, sobre todo, con las comunidades indígenas, señala el activista Héctor Sánchez López.
El político juchiteco, quien fue alcalde de su tierra zapoteca, representó a Oaxaca en el Senado, contendió por la gubernatura desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y fundó la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), destaca que Jara Cruz es producto de los movimientos sociales de la entidad.
Por ese solo hecho, precisa, las comunidades indígenas diseminadas en los 417 municipios que se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas, así como las organizaciones sociales que las acompañan en sus gestiones y visibilizan sus exigencias, “esperan una política congruente” entre el pensamiento y la acción de un gobierno surgido de las luchas sociales.
Recientemente, el secretario general del gobierno de Oaxaca, Francisco García López, reveló que en la entidad existen unas 200 organizaciones que se movilizan permanentemente y que al año cuestan a las arcas estatales 400 millones de pesos.
Para Sánchez López, quien aspiró a la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca en el proceso pasado, la nueva relación entre el gobierno de la entidad con los movimientos sociales debe desterrar la corrupción, que fue práctica común del pasado reciente.
Se trata, explica, de construir una nueva relación para que no se repitan los viejos esquemas de cooptación, pero tampoco se debe apostar a la desaparición de los movimientos, que tienen mucho que aportar a favor de la gobernabilidad y del acompañamiento en materia de gestoría de los más de 400 municipios indígenas de la entidad.
Preocupación en Los Chimalapas
El nuevo gobierno que iniciará funciones el primero de diciembre próximo, comenta el coordinador regional del Comité para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Miguel Ángel García, enfrentará, además, el reto de trabajar en los próximos 18 meses la ejecución de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los límites entre Chiapas y Oaxaca.
De los recorridos que hemos realizado en las comunidades, añade García Aguirre, “detectamos que hay una gran preocupación de los zoques frente a la propuesta que formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 14 de julio pasado, en el sentido de que en las 150 mil hectáreas de selvas ganadas por Oaxaca se vaya a crear un área natural protegida”.
El gobierno federal sabe que Los Chimalapas no están de acuerdo, ni aceptarán que la zona que estuvo en litigio por más de 55 años se convierta en Reserva de la Biósfera o Área Natural Protegida. Las comunidades exigen que las autoridades de Oaxaca cumplan con la sentencia de la SCJN.
“No vemos señales que el nuevo gobierno acate la resolución de la SCJN, sobre todo si tomamos en cuenta que después de que el Presidente de la República planteó la creación de la Reserva de la Biósfera, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Adán Peña, acudió a Santa María Chimalapa el 17 de julio y conoció el rechazo a esa propuesta”, dice Miguel García.
A las comunidades les preocupa la falta de señales del Congreso oaxaqueño para avanzar en los tiempos marcados por la SCJN, pero les preocupa y molesta, además, que los poderes Legislativo y Ejecutivo de Chiapas den señales de que no aceptarán la sentencia, lo que podría provocar que resurja la violencia, advierte.
Resistencia contra el Transístmico
Para el dirigente fundador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, el nuevo gobierno oaxaqueño debe buscar el diálogo con las poblaciones impactadas con el Corredor Interoceánico (CIIT), que buscan respuestas a las afectaciones de ese proyecto.
De entrada, precisa, el nuevo gobierno tiene el reto de buscar un interlocutor que llene el vacío que dejó el responsable del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, quien fue desplazado por los mandos de la Secretaría de Marina (Semar). Se necesita, considera, interlocución civil con las comunidades indígenas.
“El gobierno entrante se plegará a los dictados del gobierno federal que viene impulsando el proyecto transístmico, pero que debe respetar la voluntad de los pueblos indígenas y abrir el diálogo con ellos, porque ahora crece el rechazo contra las imposiciones, como la del gasoducto que va de Veracruz al puerto de Salina Cruz”, señala.
Comments