Con un incremento de hasta 25 años de prisión, la Iniciativa de Ley contra el delito de extorsión en Michoacán apunta a convertirse en la primera Ley nacional antiextorsión, anticipó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“La extorsión atenta contra la seguridad de las personas e impide el desarrollo productivo de todos los sectores afectando a la sociedad en general, porque además es uno de los delitos con mayor impunidad, por eso, se quieren tener elementos para administrar mejor la justicia y si lo hacemos bien, esta será la primera piedra para alcanzar una Ley General Antiextorsión en México”, comentó.
El mandatario estatal convocó a los poderes Legislativo y Judicial, a líderes empresariales, alcaldes e instituciones de seguridad para la presentación del proyecto, que tiene como objeto que el delito de extorsión se persiga de oficio y sea equiparable al delito de secuestro.
La iniciativa también plantea castigar el uso de medios electrónicos con fines de extorsión, agravar las sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de penales, el cobro de cuotas por “derecho de piso” y libre desarrollo de actividad productiva, compartir imágenes sexuales como medio de amenaza, asociación delictuosa, intervención de personas armadas o simulen estarlo, entre otras.
Ramírez Bedolla también subrayó que la iniciativa de reforma contempla la protección a las víctimas para garantizar la seguridad personal, la libre determinación, integridad y desarrollo de los sectores productivos.
Con información de Quadrantín
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