El Congreso de El Salvador aprobó el pasado miércoles legalizar las armas de fuego en poder de ciudadanos que no estaban registradas.
Cualquier salvadoreño que posea un arma de fuego sin registro tendrá 90 días de plazo para presentar al ministerio de Defensa un acta notarial en que explique la forma en que la adquirió para que su tenencia pase a ser legal.
La medida tiene "por objeto facilitar el registro de armas de fuego, extendiendo al interesado la matrícula para tenencia, conducción, portación de armas de fuego", dice el decreto aprobado.
La norma recibió los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele.
"No se ejercerá acción penal o civil en contra de las personas que resultaren beneficiadas por este decreto por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal" de arma de fuego, estipula el decreto.
El diputado oficialista Caleb Navarro, cuyo partido Nuevas Ideas impulsó la medida, dijo que el ministerio de Defensa será "el responsable" de verificar que las armas de fuego que se registren no estén relacionadas a hechos delictivos.
Su colega oficialista Alexia Rivas señaló que "no se trata de armar a los ciudadanos", sino que "el Estado tenga el control absoluto" sobre las armas de fuego existentes en el país.
El decreto estipula que cualquier persona puede "dar aviso" a las autoridades, sin consecuencias para ella, sobre lugares en donde existan armas de fuego escondidas.
El decreto fue aprobado mientras en el país rige un régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Bukele afirma que su cruzada contra las pandillas, cuestionada por organismos de derechos humanos, convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".
Con información de Milenio
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